La diputada por el PRDT, señaló en tribuna su decepción porque los derechos de las personas no deberían depender del vaivén político ni de la voluntad de quienes gobiernan.

Este día en la tribuna del Congreso de Tlaxcala, la diputada, Blanca Águila Lima, por el Partido Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT), se pronunció en contra de la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), ya que esto es un retroceso a la transparencia porque los derechos de las personas no deberían depender del vaivén político ni de la voluntad de quienes gobiernan.

Hizo patente su preocupación, pero más decepción, y con un firme compromiso con los principios que deben regir toda democracia: la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos humanos.

Esto es una decisión que impacta de forma directa y contundente a todas las personas: la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.

Ya que la aprobación de esta reforma constitucional, lejos de representar un acto de eficiencia administrativa o simplificación institucional como se ha fundamentado, significa un retroceso alarmante en la construcción de un Estado transparente, donde los derechos de las personas no deberían depender del vaivén político ni de la voluntad de quienes gobiernan.

Resaltó que este instituto ha sido la garantía de que las personas puedan conocer qué hacen las autoridades, en qué se gasta el dinero público, cómo se toman las decisiones que afectan a todas y todos.
Con la existencia de institutos como el garante de la transparencia, cualquier persona puede ejercer su derecho a preguntar y recibir respuestas claras. Gracias a su autonomía -hoy extinta-, el IAIP pudo exigir cuentas incluso a los más altos funcionarios del gobierno, sin subordinación ni restricciones políticas.

Al desaparecer esta figura autónoma implica debilitar el poder ciudadano, la llave que le facultaba acceder a información de interés público y que representó la antesala de conocer actos de corrupción o excesos en el gobierno.
Los diferentes sectores y entre ellos los periodista -estos últimos de alta relevancia en el ejercicio del derecho a saber-, se verán afectados con la falta de certeza de contar con un órgano auténticamente autónomo que garantice su derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Esto significa que los mecanismos con los que la sociedad puede vigilar al poder público quedarán en manos del mismo poder público, ya que no se puede ser juez y parte. Por lo que, dicho en términos más sencillos: se cierra una puerta fundamental para que la sociedad acceda a la verdad.
El acceso a la información no es un favor que hace el gobierno. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Lo mismo sucede con la protección de datos personales, que garantiza que nuestras identidades o nuestra información íntima, no sean manipuladas ni utilizadas sin nuestro consentimiento.

Ambos derechos requieren garantías institucionales fuertes e independientes. Entonces, cuestionó ¿Cómo podremos confiar en que nuestros datos personales estarán protegidos si quienes los resguardan responden directamente al Poder Ejecutivo? ¿Cómo sabremos si se utilizan de forma indebida? ¿A quién podremos acudir si ese mismo gobierno es quien concentra el control de los datos?
Cuando las funciones del IAIP pasen a depender de una secretaría del Ejecutivo, la imparcialidad y autonomía necesarias para resolver conflictos entre la ciudadanía y el gobierno se perderán.

Además, la confidencialidad de nuestras solicitudes, la imparcialidad en las resoluciones y la posibilidad de sancionar a funcionarios que nieguen información quedarán en entredicho. ¿Quién se atreverá a denunciar la opacidad si sabe que será el propio gobierno quien decidirá sobre su queja? ¿Qué consecuencias tiene trasladar estas funciones a una secretaría del gobierno estatal?

Delegar las funciones de un órgano garante a una dependencia del Ejecutivo estatal tiene profundas implicaciones estructurales, éticas y legales.

Primero, porque rompe con el principio de separación de funciones y poderes. Un órgano que fiscaliza, supervisa y exige transparencia no puede depender jerárquicamente del ente al que debe fiscalizar. Es como si al árbitro de un partido lo contratara y le pagara uno de los equipos en el juego.

Segundo, porque pone en riesgo la confianza de la sociedad tlaxcalteca. Las personas necesitan saber que existe un ente imparcial que no es sumiso a presiones políticas o presupuestales.

Esa confianza no puede construirse si las decisiones sobre transparencia se toman en escritorios subordinados al interés político o gubernamental.

Y tercero, porque contraviene principios constitucionales. No obstante, la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 que extinguió al órgano garante nacional -el INAI-, la Constitución establece que los órganos garantes deben ser autónomos, tanto en el ámbito federal como en el local.

Ante este panorama, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, las y los ciudadanos deben alzar la voz. No se trata de defender un edificio o un presupuesto; se trata de proteger un principio: que el poder debe estar sometido a la vigilancia y observancia constante de los distintos sectores de la sociedad tlaxcalteca.

No se puede permitir que el acceso a la información sea un privilegio y no un derecho. No podemos quedarnos callados mientras se borra una institución que ha permitido que miles de personas conozcan la verdad sobre los actos de gobierno.
Águila Lima dijo que como presidenta de la Comisión de Trabajo , confió en que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas garantice las prestaciones de las y los trabajadores que hasta hoy forman parte de la estructura operativa y administrativa del IAIP Tlaxcala, de lo contrario, estaremos en la antesala de una ola de laudos y falta de certeza laboral para quienes hasta hoy han garantizado el derecho a saber de las y los tlaxcaltecas.

La desaparición del IAIP Tlaxcala no es un asunto técnico, menor, o intrascendente. Es una decisión que afecta la calidad de nuestra democracia, la garantía de nuestros derechos y la relación entre gobernantes y gobernados.
Advirtió que el grupo parlamentario del PRDT en este Congreso, estarán vigilantes de aquellas reformas en las que se defina el andamiaje jurídico que le garantice a la sociedad tlaxcalteca sus derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.