Expone Senadora tlaxcalteca, su experiencia legislativa para sacar adelante la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible en México, la cual se califica como una norma de vanguardia en el mundo.

En medio de una crisis de credibilidad de las instituciones y partidos políticos, la democracia surge como la oportunidad de un pueblo para cambiar su destino, pero sólo cuando existe la capacidad de organizar, informar y tener maneras de expresión para encontrar representaciones verdaderas, tal y como sucedió en México a partir de 2018, pue ello abrió la oportunidad de que surgieran leyes progresistas y de beneficio social, como sucedió con la aprobación de la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, aseveró la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

En el segundo día de trabajos de la Comisión Internacional para el Desarrollo, que se llevan a cabo en la ciudad de Salamanca, España, en su calidad de Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, la Senadora Ana Lilia Rivera compartió la experiencia mexicana para consensuar y aprobar la nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, 12 años después de que fue aprobada una reforma constitucional en la materia.

La legisladora reconoció que el proceso legislativo para aprobar la ley fue complicado debido a la existencia de intereses de empresas trasnacionales, las que a través de cabilderos obstaculizaban avances y consensos dentro de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues lo que buscaban era seguir generando recursos económicos mediante el control de una mala alimentación y una agricultura tóxica, por encima de los intereses del pueblo mexicano y su derecho por una nutrición sana y de calidad.

De hecho, apuntó que “se ligó el interés político con el económico. Muchas empresas financiaban campañas y a cambio de ello los legisladores no representaban los intereses del pueblo sino de quienes les pagaban sus campañas”.

Sin embargo, enfatizó que, con el triunfo en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, se fueron dando avances en las dos Cámaras legislativas, la de origen y la revisora, para finalmente aprobarla durante el último día de su mandato, escuchando a todas las partes involucradas e interesadas en el tema, siempre con el acompañamiento del Frente Parlamentario contra el Hambre, organizaciones sociales, académicos y pueblos originarios, entre otros sectores de la sociedad.

Rivera Rivera destacó que esta ley de vanguardia es un modelo en el mundo, pues incorpora dimensiones culturales, económicas, ambientales y sociales, además de que establece obligaciones claras para todas las autoridades del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, que deben cumplir conforme a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, sostenibilidad, y participación social.

Asimismo, contempla medidas específicas para los grupos de atención prioritaria, incluyendo infantes, personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza o desplazamiento, comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes, entre otros.

No sólo eso, sino que -explicó- crea el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), que es una instancia de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y los comités de alimentación, que funciona como órgano rector de la política nacional alimentaria, el cual a su vez busca integrar, coordinar y evaluar políticas públicas, además de promover la coherencia normativa y generar mecanismos de vigilancia y participación social.

“Todo este enfoque global de la ley busca promover la educación alimentaria y nutricional desde edades tempranas; políticas activas para la reducción del desperdicio de alimentos; compras públicas con enfoque en pequeños y medianos productores; comedores comunitarios y escolares con criterios de calidad nutricional y sostenibilidad”, subrayó.

Por todo ello, la Senadora Ana Lilia Rivera afirmó que la construcción de leyes progresistas y en beneficio de las personas más pobres y necesitadas, ya juega un papel fundamental en la democracia de México, porque permite los cambios necesarios para impulsar el bienestar del pueblo.

“Nuestra experiencia nos confirma que los parlamentos pueden y deben ser espacios de transformación. Que es posible construir leyes con base en la evidencia, el diálogo plural, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica, y que la alimentación adecuada, entendida como un derecho, puede ser el eje de una política pública más justa, más saludable y más respetuosa de la vida y del planeta”, aseguró.

Por todo ello, sostuvo que México está dispuesto a extender su mano no sólo para compartir su experiencia, sino también para aprender de otros países, pues “solo a través de la cooperación interparlamentaria y multilateral podremos avanzar hacia un futuro sin hambre, con justicia social y con soberanía alimentaria para nuestros pueblos”.